La audiencia pública sobre el proyecto de ley número 166 de 2023 (acumulado con otros proyectos) para modificar normas laborales y adoptar una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia, realizada en el Senado ante la Comisión Cuarta Constitucional, se convirtió en un escenario clave para visibilizar la diversidad de posturas frente a esta propuesta. Con alrededor de 70 personas inscritas conforme al reglamento, la discusión reflejó la tensión entre la reivindicación de derechos laborales y las preocupaciones sobre el impacto económico y empresarial.
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, llega a la Comisión Cuarta del Senado para el tercer debate. La comisión, encargada de temas económicos y de plan de desarrollo, asumió la responsabilidad de buscar un trámite consensuado y una reforma equilibrada.
Posiciones a Favor y Defensoras de la Reforma:
Diversos sectores intervinieron manifestando un respaldo general o defensa de aspectos específicos de la reforma, viéndola como un avance necesario para dignificar el trabajo y garantizar derechos.
- La Defensoría del Pueblo expresó un respaldo decidido, calificando la reforma como un paso adelante en la garantía de los derechos laborales y del derecho humano al trabajo. Subrayó que es una medida de igualdad social y material, necesaria en un país con alta desigualdad de ingresos. Destacó que la reforma refuerza la protección de sujetos de especial protección constitucional como mujeres trabajadoras (incluyendo víctimas de violencia de género), personas con discapacidad, víctimas, madres comunitarias, jóvenes aprendices del SENA y trabajadoras domésticas. Consideró que su objeto principal es avanzar progresivamente en la garantía del derecho humano del trabajo, más que ser una política de generación de empleo.
- Las centrales obreras como la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y la CGT (Confederación General del Trabajo), representada por varios voceros, se mostraron firmes en la defensa de la reforma. Argumentaron la necesidad de rescatar derechos, eliminar la intermediación laboral, y avanzar hacia el contrato a término indefinido como regla general. Señalaron que hubo un intento de concertación amplia con los gremios en mesas técnicas tripartitas durante más de dos años, logrando concertar aproximadamente 65 de 82 artículos en su versión original, antes de ser «mutilada» en la Cámara. Defendieron que dignificar a los trabajadores, especialmente a los jóvenes aprendices del SENA y al campesinado, no debe verse como un costo, sino como una inversión que dinamiza la economía.
- Los estudiantes y egresados del SENA, representados por voceros como Nicolás Delgadillo y Sandra Milena Muñoz, hicieron un llamado vehemente a aprobar la reforma, pidiendo la recuperación de los derechos del contrato de aprendizaje, que consideran les fueron arrebatados por la Ley 789 de 2002. Vieron la reforma como una cuestión de dignidad para millones de colombianos.
- Otros oradores, como el representante de la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (Anta), defendieron artículos específicos, como el que trata la labor de los artistas (Artículo 43), dada la alta informalidad histórica en su sector.
Estos grupos coincidieron en que la reforma es una respuesta a décadas de precarización laboral y explotación, necesaria para actualizar un marco normativo obsoleto y alinear el país con estándares internacionales de trabajo decente. La falta de actualización normativa es costosa para el país en términos de conflictividad social y laboral.
Posiciones Críticas, con Reservas o Propuestas Alternativas:
Otros sectores expresaron fuertes preocupaciones, críticas y propusieron modificaciones o un enfoque distinto para la reforma.
- El Instituto de Ciencias Políticas señaló que la reforma no resolverá los problemas de informalidad y desempleo, y que Colombia ya tiene un mercado laboral rígido con elevados costos de contratación y despido.
- Gremios empresariales y sectoriales manifestaron inquietudes. Fenalco (representado por Dana Vargas del Comité Ejecutivo CGT en esa intervención específica) argumentó que el proyecto no está orientado a generar empleo ni a combatir la informalidad, citando un estudio del Banco de la República que predeciría la destrucción de 450,000 empleos, principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Listaron sectores que se verían gravemente afectados, como restaurantes, bares, alojamiento, transporte, logística, vigilancia, seguridad privada, aseo, mantenimiento, turismo y comercio. Propusieron cuidar los sectores generadores de empleo, crear incentivos y reducir la informalidad, sugiriendo que países con legislaciones laborales menos costosas y más flexibles tienen menor desempleo.
- El Consejo Gremial se mostró preocupado por la posible pérdida de empleo formal y el impacto de los sobrecostos en la informalidad. Defendieron el papel de los empresarios en generar el 75% del empleo formal. Argumentaron que no se trata de no querer pagar recargos, sino de encontrar un «punto de encuentro» que permita generar empleo. Instaron a revisar el contexto general de los costos de cada artículo y la posibilidad del gobierno de financiar algunas de las propuestas.
- El sector de la vigilancia y seguridad privada, representado por Fe de Seguridad, ACES y Ecos, expresó profunda preocupación por el impacto en su industria, que genera cerca de 400,000 empleos formales. Argumentaron que la reforma no logra un trabajo digno formal y se ha «hundido» dos veces por falta de concertación tripartita y un articulado excesivo y complejo. Fe de Seguridad estimó la pérdida de 18,000 empleos en su sector y la migración a servicios informales/ilegales si no se logra un acuerdo sobre mínimos en los recargos. Ecos señaló que el proyecto generaliza y omite considerar el carácter especial y continuo de sus servicios, reconocido por la OIT.
- El sector de bares, discotecas y entretenimiento (Asobares) y el sector gastronómico destacaron ser intensivos en jornada nocturna y festivos. Asobares propuso avanzar en el programa de empleo nocturno, y el sector gastronómico buscó alternativas que favorezcan derechos sin perjudicar empresas, mencionando costos adicionales por horas extras.
- Los microempresarios y representantes de las MIPYMES (Observatorio Nacional de MIPYME, Abogar Grupo Jurídico) resaltaron que no se les incluye suficientemente en la conversación a pesar de representar la gran mayoría del tejido empresarial y el empleo. Plantearon problemas técnicos con artículos como el del contrato de aprendizaje/monetización, cuya base de cálculo se incrementó drásticamente, proponiendo que la base se calcule sobre trabajadores administrativos. Solicitaron un enfoque diferencial y condiciones proporcionales a su realidad. El sondeo del Observatorio Nacional MIPYME mostró división en temas como la licencia de paternidad, pero mayor acuerdo en gradualidad para recargos festivos (hasta 2027) y jornada flexible para cuidadores.
- El Consultor Jurídico Carlos Prada argumentó que la reforma no está pensando en el 41% de trabajadores informales, muchos de ellos por cuenta propia y en microempresas, que no tienen protección social y están en una «trampa de informalidad». Señaló la gran disparidad regional en la informalidad, que la reforma no considera, e instó a incluir este debate central.
- Otros sectores como Acoplásticos pidieron considerar el impacto en la competitividad internacional debido a sobrecostos y rigideces, proponiendo concentrar la reforma en recargos y jornada. La Fundación para el Estado de Derecho, aunque reconoce la necesidad de la reforma, llamó a un enfoque basado en evidencia y que se pregunte cómo lograr que más colombianos ejerzan los derechos existentes formalmente, advirtiendo el riesgo de pérdida de empleo si la reforma está mal diseñada. Amcham Colombia también expresó preocupaciones por la incertidumbre, las nuevas licencias sin controles definidos, el impacto en la competitividad (ej. licencia de paternidad), y la eliminación de pactos colectivos.
- Voces como la CTU Ustrab pidieron bajar la prisa («afán») y tomar el tiempo necesario para una discusión más profunda, quizás un Estatuto del Trabajo, que abarque de manera integral las necesidades del país. La Federación de Sindicatos de Anestesiología se opuso específicamente a la prohibición del contrato sindical colectivo (Artículo 482), defendiéndolo como una herramienta legítima y necesaria para su sector.
Puntos de Encuentro y Desacuerdo:
Aunque las posiciones son divergentes, hubo algunos puntos donde se asomó la posibilidad de diálogo o reconocimiento mutuo. Se mencionó la importancia de la concertación, aunque hubo desacuerdo sobre si esta se dio de manera suficiente y con todos los actores. Varios oradores de diferentes sectores reconocieron la necesidad de proteger tanto los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad de las empresas. La propuesta de incluir la «sostenibilidad empresarial» como principio del derecho laboral fue una sugerencia para equilibrar estos intereses.
El Papel del Congreso:
La audiencia subrayó la responsabilidad del Congreso en este debate, siendo el foro apropiado para discutir leyes de esta envergadura. Los senadores de la Comisión Cuarta reafirmaron su compromiso de escuchar, procesar las intervenciones y documentos, y trabajar en una ponencia colectiva para dar trámite al proyecto, buscando un equilibrio y evitando la polarización.
En conclusión, la audiencia pública reveló un debate complejo y polarizado sobre la reforma laboral, con claros defensores que la ven como una medida urgente de justicia social y reivindicación de derechos históricos, y sectores críticos (principalmente empresariales y algunos académicos) que advierten sobre riesgos económicos, pérdida de empleo e impactos negativos en la formalidad si no se ajusta su enfoque y articulado. La tarea de la Comisión Cuarta del Senado es ahora integrar estas diversas voces y preocupaciones para lograr una propuesta que, respetando el marco constitucional y los derechos de los trabajadores, sea también viable y responda a la realidad económica y social del país.